¿Plan de Ordenamiento Zonal, o privatización del espacio público?

Bajo el discurso de la modernidad y el desarrollo, se consolida una estrategia de control social, donde impera la exclusión, el desplazamiento y la miseria para la inmensa mayoría.

En una ciudad como Bogotá la rentabilidad del suelo y la disputa por la apropiación del espacio público es un asunto de interés y preocupación para muchos. Todas las clases y sectores sociales consideran que el espacio público les pertenece y cada quien defiende su derecho a utilizarlo según su motivación o necesidad. Estas características tienen una relación directa con fenómenos que se han desbordado del control institucional como es el caso de los miles de vendedores ambulantes, comerciantes y demás personas quienes ven en las calles, esquinas, semáforos o cualquier metro cuadrado un espacio para rebuscarse unos pesos, y de esta forma poder cumplir con los infinitos gastos que demanda la subsistencia de sus hogares.

Otro caso de apropiación del espacio público es la gran cantidad de indigentes y habitantes de la calle quienes viven de la limosna, el reciclaje, la delincuencia, la prostitución y demás oficios. Estos hombres, mujeres y niños utilizan las calles como su único espacio posible para la realización de actividades tan diversas como el trabajo, la alimentación, el consumo de drogas, el reposo, el sueño, la satisfacción de necesidades fisiológicas; este es su espacio de relación con el mundo.

Además de los problemas mencionados, un fenómeno que igualmente causa preocupación es el desolador panorama de miles de desplazados que llegan a Bogotá producto de la guerra y del genocidio que padecen campos y pueblos de todo el país. Evidentemente la situación de los desplazados que llegan a la capital es deprimente y agudiza las ya existentes problemáticas urbanas de miseria y falta de oportunidades de todo tipo. Entre otros actores podríamos incluir también a los desmovilizados de los grupos armados de autodefensas y guerrilla, a quienes nadie parece querer tener en su barrio, como se ha visto con varias protestas en Bogotá, por la llegada de estos albergues.

Como vemos la ciudad presenta serios conflictos sociales, producto del acumulado de las políticas estatales en unos casos, y en otros por ausencia del Estado, las cuales a su vez están de buena forma determinadas por intereses elitistas y del capital extranjero en detrimento de la calidad de vida de nuestro pueblo, promoviendo y justificando el discurso de la modernidad, a través de un modelo de “desarrollo” que genera miseria, exclusión, desempleo, explotación, atraso, corrupción, y en síntesis, una grave condición de injusticia para las mayorías.

La estrategia diseñada para Bogotá en los próximos treinta años: “Plan de Ordenamiento Zonal del Centro”, al mismo tiempo que “embellece” la ciudad, y habla de recuperación del espacio público y promoción del turismo, sigilosamente introduce normatividades y reordenamientos del territorio que afectan negativamente vastos sectores de la población capitalina. Hay que decir que para llevar a cabo dichos propósitos, en algunos casos ha actuado el chantaje, el soborno, la politiquería, la manipulación de las ilusiones, o la fragmentación del movimiento popular y la ignorancia sobre la trascendencia de lo que se está poniendo en juego, dificultando la resistencia de quienes se oponen a estas transformaciones del centro de Bogotá, considerando que éstas sólo están dirigidas a beneficiar intereses del mercantilismo capitalista.

Algunos ejemplos de esa estrategia de reordenamiento territorial en marcha son: el desalojo de antiguos barrios como el Santa Inés, conocido como el Cartucho, San Bernardo, San Martín, La Candelaria; el desalojo de los vendedores ambulantes de la carrera séptima y sectores aledaños, la privatización de avenidas y del transporte público con el Transmilenio, la privatización de la red de hospitales del centro de Bogotá ; la privatización de parques como el de La Independencia; y en general una política de privatizar todo lo público como viene ocurriendo con cada uno de los derechos, bienes y servicios de los ciudadanos.

No por casualidad surgen transformaciones del centro de Bogotá. La invasión y compra de nuevos lotes de parte de las universidades privadas y otros intermediarios que luego de comprar baratos estos predios los venden a su valor real a los bancos; tampoco es coincidencia la construcción de exuberantes centros comerciales, de apartamentos estrato 5, hoteles cinco estrellas, centros financieros; y hasta la implantación de negocios como bingos, casinos o sitios de prostitución de alto costo (La Piscina) .

El Plan Centro, como se puede observar, obedece a un modelo de ciudad al estilo gringo, al proyecto de convertir a la capital de Colombia en puerto seco dentro del contexto mundial, debido a su posición geo-estratégica en la cual fácilmente el mercado internacional puede mover sus mercancías en poco tiempo a Europa, Asia, África y los Estados Unidos. La construcción y ampliación de carreteras de Bogotá a Girardot, y de allí, al Pacífico (Buenaventura), tienen que ver con esta urgencia de exportaciones e importaciones que exige el TLC.

Algo que no se puede desconocer es que ciertamente estos objetivos implican convertir a Bogotá en un lugar de estricto control social y de seguridad al servicio de la burguesía y del gran capital, en donde el “dios” dinero, los negocios, las casas y la estética del cemento destrozado como se ha visto en el eje ambiental y otras vías de Transmilenio, tienen mucho más valor que la vida y la dignidad del ser humano. Es por supuesto la supremacía de la competitividad sobre el bienestar social

Por lo tanto, resulta indispensable preguntarse qué ocurrirá con la inmensa población excluida y marginada de este proceso de “modernización”, en donde quien no aguante el “trote” de la elitización de la nueva ciudad será considerado un estorbo y un problema social que habrá que expulsarlo de donde sea necesario, pues los “valores” capitalistas de la rentabilidad no son negociables en absoluto por aquellos que se sienten dueños del suelo, calles, barrios, parques, ríos, páramos, hospitales, colegios, universidades, empresas de servicios públicos, del transporte, teatros, monumentos, y del patrimonio público en general.

Para ellos un grave problema de desplazamiento urbano y de pérdida de la identidad cultural no es su preocupación. Lo estamos viendo con pleno cinismo cuando nuestro presidente Uribe y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Humberto Botero han dicho que “el TLC debe firmarse rapidito”, desconociendo a múltiples actores y movimientos sociales, partidos políticos de oposición y manifestaciones populares que vienen denunciando su rechazo a esta “negociación” con los Estados Unidos, por atentar contra nuestra soberanía y el bienestar de las mayorías.

Como resultado de esta compleja situación social tenemos una población que se debate entre la resistencia, el escepticismo, la desesperación, el resentimiento, la delincuencia y la violencia. Sin embargo, también hay quienes quieren aportar sus talentos, habilidades, conocimientos y espíritu emprendedor, buscando en la construcción de la ciudad una oportunidad de participar en un proyecto de espacio público, donde los diferentes actores tengan un lugar digno.

Frente a semejantes retos de resistencia, de defensa de lo público, y del destino de tantas familias de la capital, se hace necesario la articulación de los diferentes sectores sociales, con el fin de conocer el trasfondo del PLAN CENTRO y del modelo socioeconómico que se quiere imponer para participar activamente en la toma de decisiones sobre un proyecto que se está desarrollando de espaldas a la comunidad. Ha sido el desconocimiento casi generalizado del transfondo político, económico, social y cultural, lo que más ha puesto en duda las supuestas bondades de este Plan impulsado por el Estado y entes privados. Es por este motivo que varias organizaciones como el Concejo Local de Cultura, redes de jóvenes, equipo de mujeres, comisionados salidos de los Encuentros Ciudadanos, organizaciones de economía solidaria, Juntas de Acción Comunal, grupos ecológicos, el Colectivo de Comunicación La Pola, la Mesa Ambiental y el Comité Cívico Popular de Afectados, entre otros, vienen elaborando las siguientes propuestas u objetivos frente al Plan.

– Consolidar redes de resistencia popular frente a los efectos negativos del Plan Centro.
– Desarrollar el debate público sobre participación democrática y planeación participativa.
– Exigibilidad sobre el derecho a la información, la deliberación y la formulación.
– Debate participativo abierto e lo público.
– Interlocución y concertación directa entre la Administración pública y los ciudadanos residentes y “flotantes” afectados por el Plan Centro.
– Iniciar acciones de amparo individuales y colectivas para garantizar los derechos fundamentales.
– Divulgar las diferentes opiniones, mandatos, reivindicaciones y propuestas de los diferentes sectores, barrios y veredas que interactúan en el Comité Cívico Popular.