El excandidato presidencial argentino Luis Ammann denuncia las maniobras de la oligarquía de algunas regiones de Bolivia en contra del proceso democrático boliviano, así como el apoyo de oscuras figuras del poder estadounidense
Buscando burlar la democracia que consagró a “un indio” como presidente en Bolivia, garantizar la impunidad para “fieles servidores” y, sobre todo, recuperar las ganancias que han perdido las multinacionales en beneficio del pueblo, la conspiración contra el presidente Evo Morales sumó un hito. Los Prefectos (máxima autoridad de los departamentos) de Santa Cruz, de Beni; de Cochabamba, y de Tarija, se presentaron en
Washington para –dijeron- denunciar ante organismos internacionales, como la OEA y la ONU, supuestos “atropellos a la democracia” por parte del Gobierno del presidente Evo Morales Ayma.
En realidad, afirman desde el gobierno, fueron a informar y a recibir
instrucciones.
Los partidarios del depuesto Gonzalo Sánchez de Lozada (“Goñi”), y los prefectos de la “media luna” (los mencionados antes) tienen especial interés en evitar el juicio que le cabe al ex presidente por la muerte de 68 personas.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció el plan conspirativo y señaló que “la posición de los prefectos está orientada a la confrontación” ya que el gobierno los había convocado a una reunión “para hablar de la inversión pública y de la planificación de acciones conjuntas” y sólo asistieron los prefectos de Oruro, Alberto
Aguilar y de Potosí, Mario Virreina.
Quintana ratificó que “el Gobierno mantiene su actitud y siempre estará dispuesto a llevar adelante el diálogo sin condiciones y de cara al país”.
En cuanto al golpe, el argumento es que “el pueblo debe pagar las consecuencias de escoger líderes de alguna manera conectados con el narcotráfico y el terrorismo” (sic).
Dicho con otras palabras, se trata de derrocar al presidente Evo Morales, garantizar la impunidad de los anteriores servidores de los intereses extranjeros, como Sánchez de Lozada y, volver a los contratos sobre hidrocarburos que beneficiaban a las multinacionales.
Al parecer del investigador Wilson Mérida, “el articulador de esta estrategia es Manuel Rocha”, ex embajador de Estados Unidos en Bolivia (2000-2002). En diciembre de 2001, Rocha había dicho públicamente que Felipe Quispe y Evo Morales eran terroristas y estaban
en la famosa lista negra de los Estados Unidos.
Actualmente, Rocha cumple funciones como “consejero internacional” sobre terrorismo y asiste en el “plan” de transición en Cuba, sirviendo al consorcio Kissinger Mc Larthy Inc. con sede en Nueva York