Así como un valiente David se enfrento a un Golead , ahora una valiente Bolivia renuncia a las reglas del juego del Banco Mundial.
Todos los demás países se mantienen y «Argentina» con serías dificultades, prácticamente esta siendo saqueada por los que vieron afectados sus intereses económicos en el momento de la fuerte crisis económica del 2001.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, nuevamente falló en contra de la Argentina en una demanda que se presentó para ser dirimida en el ámbito del mismo.
La demanda había sido presentada por la compañía norteamericana Sempra Energy –cuya sede se encuentra en San Diego, California- y originalmente solicitaba una compensación al Estado argentino de 200 millones de dólares más intereses, por la caída en el valor de su participación en dos empresas argentinas de gas natural tras la crisis.
“Esperemos que el gobierno de la Argentina honre sus obligaciones legales, ya que buscamos que se haga cumplir inmediatamente la compensación”, señaló un comunicado firmado por el consejero general de Sempra Energy, Javade Chaudhri, que fue reproducido por el diario argentino La Nación.
Según informó este mismo medio, la Procuración del Tesoro de Argentina pedirá en los próximos días la anulación del laudo, presentando la misma línea argumental que esgrimió contra la firma CMS Gas Transmission Company, y que fue parcialmente contemplada. Según señaló la Procuración en un comunicado, siguiendo el acta de acuerdo que se había firmado entre el gobierno y la empresa, el pago estipulado no le corresponde al Estado, sino a la licenciataria Camuzzi.
Según lo decidido por el CIADI, Argentina habría violado el tratado de protección de inversiones que respaldaba a la empresa estadounidense, ya que las compañías Sodigas Pampeana y Sodigas Sur –en las cuales Sempra Energy poseía parte del capital accionario- experimentaron una pérdida de valor con la salida de la convertibilidad, y la congelación de las tarifas de los servicios públicos.
Argentina es el país que ha recibido el mayor número de demandas en el CIADI; la mayoría de ellas se produjeron tras la crisis de 2001, e implican en total una suma que supera los 17 000 millones de dólares.